Cómo será de irracional el marco internacional de protección de
inversiones que ha construido el neoliberalismo, que ahora resulta que Ecuador
le debe a las transnacionales del petróleo Oxy y Chevron, nada menos que 21 mil
300 millones de dólares. Casi la cuarta parte de su PBI y cerca del 100 por
ciento de su presupuesto público.
Economía disidente
Y eso que ninguna de estas dos corporaciones ha
invertido en Ecuador un monto que siquiera se acerque a esta cifra. De hecho,
los laudos arbitrales del Ciadi y Uncitral, que ordenan al gobierno de Rafael
Correa pagar esta millonada, son contrarios a los principios del derecho
internacional.
En el primer caso, el tribunal del Banco mundial,
conocido como Ciadi, establece que la caducidad del contrato que firmó la Oxy
con Ecuador se convierte como por arte de magia en una expropiación indirecta,
clavándole una indemnización de 2 mil 300 millones de dólares.
Con esa plata se podría construir 942 escuelas
superequipadas; dar bonos de vivienda a 460 mil ecuatorianos; asignar 22 mil
321 becas de maestría en las mejores Universidades de Europa y Estados Unidos;
construir una gran central hidroeléctrica; y financiar 11 programas sociales
para poblaciones vulnerables.
Todo eso junto. Y a pesar que el gobierno
ecuatoriano demostró que la caducidad se produjo debido al incumplimiento de
contrato y la violación de la ley ecuatoriana por parte de la propia Oxy; el
Ciadi no hizo más que rebajar la indemnización en 25 por ciento. O sea, que
reconociendo que la culpa no es de Ecuador, sino de la Oxy, igual lo sanciona
con una cifra ridícula.
Y todo por el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI)
que Ecuador había firmado con Estados Unidos con el cuento de promover empleo y
bienestar, pero que en realidad causó un grave daño. Y eso no es nada comparado
con el caso de Chevron, que fue sentenciada por un tribunal ecuatoriano a
resarcir a comunidades indígenas afectadas por contaminación. En respuesta, la
petrolera enjuició a Ecuador, consiguiendo que el tribunal arbitral de Naciones
Unidas, Uncitral, le imponga una indemnización al Estado de 19 mil millones de
dólares, amparándose nuevamente en el TBI con Estados Unidos, pero sin
considerar que éste se firmó muchos años después que empiece el lío.
Se pasaron por las partes sacras el principio de no retroactividad.
Pero como Ecuador tiene un gobierno que no tiene miedo a dar batallas políticas
de envergadura; ha empezado una auditoría de todos sus TBI y de los fallos del
Ciadi, Uncitral y cuanto panel arbitral exista, para demostrar ante todo el
mundo, el abuso en el ejercicio del derecho por parte del capital
transnacional, y así no pagar. El decreto N° 1506 del 6 de mayo firmado por
Correa da inicio a tremenda pelea.
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