¿Alcanza a Humala responsabilidad penal?

Por Herbert Mujica Rojas


Los trágicos hechos de Celendín y Bambamarca con cinco muertes de peruanos no sólo enlutan al país, configuran hechos que no pueden ocultarse porque han sido desmanes gravísimos durante el estado de emergencia que ¡bajo ningún punto de vista! otorga licencia para matar a ciudadanos. ¿Alcanza a Humala responsabilidad penal por los sucesos?

Los dirigidos por el presidente Humala, PNP y FFAA o cualquier servicio de inteligencia carecen de patente de corso para fulminar a balazos a quienes marchan protestando por las calles. Las víctimas, todas, han muerto violentamente y cayeron por acción de armas de fuego.

Sólo gobiernos tiránicos o de barbarie militante, premunidos de la capacidad abusadora que da la fuerza de las armas incurre en acciones criminales. Durante el gobierno de Sánchez Cerro, el 7 de julio de 1932, la insurrección aprista de Trujillo, provocó una respuesta bestial, enloquecida, de individuos que luego fusilaron a miles. ¿Quiere emular la administración de Ollanta Humala matanzas de igual rufianesco jaez?

¿Han ocurrido muertes, lesionados, detenidos y otras violaciones de derechos humanos en Cajamarca en los últimos días? Me temo que la respuesta es inevitable y contundente: ¡sí! ¿Quién mandó apretar el gatillo bajo la premisa aplaudida por la oligarquía minera de Conga va sí o sí? Quien se oponga al desarrollo del país y al desaprovechamiento de los recursos mineros o es estúpido, sectario o retrógrado, pero a aquellos se les gana la batalla política, en las calles y con argumentos potentes. A balazos no.


Las fuerzas del orden no pueden detener, lesionar o matar ad líbitum aquí o en la Cochinchina.

¿Decidió la PNP la detención de Marco Arana en plena plaza pública?

¿Quién, entonces, dio la orden? ¿qué ministro, cualquiera de ellos, subalterno del presidente Humala, incurrió en tal responsabilidad?

Además de detenerlo, ¿comprendía la instrucción molerlo a puñetazos o puntapiés en la plaza y dentro de la Comisaría? Las huellas de la paliza están registradas en fotos y en filmaciones que han dado la vuelta al mundo. Decir que tal torpeza debió ser ocultada, pero siempre cometida, revela mentalidad siniestra y fascista.

Durante el estado de emergencia, a la par que la suspensión de algunos derechos constitucionales, ¿también está anulada la defensa de abogado como se hizo el miércoles con Arana?

El descaro autoritario ya ha obtenido cinco muertos en Cajamarca. Fue en el norte andino el lugar de las ocurrencias. ¿Y Espinar? ¿A cuento de qué se está violando la jurisdicción del juez natural para llevar a los detenidos lejos de sus circunscripciones? Ha  poco le pasó al alcalde de esa provincia cusqueña Mollohuanca? ¿Qué ocurrirá cuando suceda en Lambayeque, Ancash, Iquitos, Puno, Lima, en todo el Perú?

¿Estamos ante la inminencia de un gobierno que nace de la voluntad protestante de las masas ante el retorno de la mafia fujimorista pero que recula y se torna en custodio de los grupos de poder más retrógrados y violentistas del Perú? A casi un año de gobierno, hay casi quince fallecidos por acción violenta de las fuerzas del orden.

Cuando el presidente Humala amenaza con la frase: “aténganse a las consecuencias”, ¿la PNP y las FFAA adquieren licencia para matar y actuar letalmente contra compatricios en Costa, Sierra o Montaña? Si así fuera, casi no hay duda que Humala obtiene la condición de autor mediato o instigador directo.

No sólo es una discusión jurídica o penal. ¡Hay responsabilidad política y cívica de quienes están en el gobierno y, sobre todo, del presidente Humala!

Que los entendidos se pronuncien.