Tras la "masacre política” de diciembre del 2011, Ollanta Humala ha
decidido convencer al mundo de que no solo es un militar sin palabra,
sino un político con ideología neoconservadora. Este convencimiento se
lo hizo primero a los venezolanos que lo apoyaron en la campaña del 2006
y luego a los brasileños que lo apoyaron en el 2011, y ahora lo viene
llevando a la calle. No ha bastado “limpiar” a su gobierno de
funcionarios progresistas, ahora es fundamental declarar la lucha de
clases a la antigua, a balazo limpio. En distintas partes del Perú, y
con el aplauso de la pintoresca y bravucona derecha nacional, Ollanta
Humala y su gobierno se enfrentan y desafían al pueblo que ha votado por
él. ¿Para qué?
Humala pretendió ser el caudillo progresista esperado en dos
décadas. Participante del Foro de Sao Paulo, los partidos políticos de
la izquierda latinoamericana lo acogieron y apoyaron en sus campañas
diversas desde el 2005. La derecha lo acusó por todo esto de ser primero
el candidato de Chávez y la señora Heredia fue perseguida por una parte
de la prensa peruana a partir de las elecciones del 2006 por sus
vínculos con Venezuela. Por esto tuvo de portavoces de campaña a
Mocha García Naranjo y a Nicolás Lynch que venían de las izquierdas.
Luego de su salto a la esfera de influencia de Brasil para la campaña
del 2011, creando una mejor imagen de amigo de Lula da Silva y con
posiciones más moderadas, la misma prensa lo persiguió por tener un
asesor que representaba los intereses empresariales brasileños. El día
del triunfo electoral, en junio del 2011, los titulares limeños no lo
dieron por ganador sino por empate y anunciaron la necesidad de
una concertación política. La derecha decía que éste no podría gobernar
sin ella. De allí salió la baraja conservadora dentro del gabinete
nombrado el 28 de julio del 2011. Sin embargo ni entonces ni después
hubo concertación. La que hizo la derecha fue un asalto al poder. Lo que
hay es una vuelta de la tortilla. Una revolución en su sentido
cabal. Ganaron los que perdieron y perdieron los que ganaron como ya se
dijo hasta la saciedad.
Una cosa es la prensa limeña conservadora y otra la realidad política
en el campo. Cuando en Espinar el 76% de la población que ha votado por
el candidato ve como ya de presidente los agarra a balazos, la cosa está
complicada. Peor si encima mete a la cárcel a la gente de la Vicaría de
la Solidaridad de Sicuani por terrorismo que fue a ver qué pasa. Y
aún peor, cuando además presiona al presidente de la Corte Suprema a
hacer cosas reñidas con la independencia de poderes y lo consigue,
permitiendo así el secuestro de autoridades electas para su juicio en
otras jurisdicciones. Lo que hay en el Perú, a un año de electo el nuevo
gobierno, es un régimen mafioso y matonesco no muy distinto al de
Fujimori.
Queda la interrogante de si Ollanta Humala piensa algo. Cualquier cosa.
Y si tiene alguna línea. Cualquier línea. Reflejos políticos claramente
no tiene. Descartado el verbo “pensar”, ¿Creerá que va a terminar su
gobierno? ¿Cómo lo va a hacer? Que Washington piense que esto se arregla
a balazos en el nombre del control del terrorismo es un tema
relacionado al negocio de la venta de armas. Lo que a los peruanos nos
concierne es nuestro país y adónde va. Cada vez hay menos ciudadanos
dispuestos a que los atropellen en todo el país. Ese es el único
complot. Hay más ciudadanía. Y los jóvenes de ahora son más ciudadanos
que lo que han sido en mucho tiempo al margen de la geografía. Medio
Oriente nos muestra que la calle pesa en el mundo y el Perú no es una
excepción, aunque esa calle sea de tierra en un pueblo con un río
contaminado al lado.
Venimos de una dinámica de desintegración nacional que comenzó en la
década del 80, cortesía de Sendero y García, a través de las masacres,
la hiperinflación y el colapso económico de los años 80. Se intentó
recuperar el sentido nacional mediante la estabilización económica de
los años 90, las investigaciones sobre corrupción de Fujimori y sus
secuaces, y la formación de Comisión de la Verdad en la primera
parte del siglo XXI. Tras la elección de Humala en simultáneo tenemos
como siempre a la cruz y la espada actuando juntas. El Primer Ministro
nombrado en diciembre resulta una expresión del fujimorismo castigado en
junio del 2011 por el voto presidencial. Este ha tomado partido en un
tema muerto y acabado, como es la sentencia de la Corte Interamericana
sobre la Embajada del Japón (1997). Al mismo tiempo, el cardenal echó al
padre Gastón Garatea S.S.C.C., ex Comisionado de la Verdad, de la
práctica religiosa en Lima. El tema de los militares en los años aciagos
ha revivido de la mano de cruz y la espada. Días más tarde se
violentaron las protestas sociales anti mineras mientras la policía
secuestraba a los alcaldes para enjuiciarlos fuera de su jurisdicción
legal. En el Perú, los derechos humanos de los alcaldes son una cojudez
total, parafraseando.
El tono de la renuncia de la congresista Verónica Mendoza del Partido
Nacionalista la mañana del lunes 4 de junio debería de alertar a Humala y
todo su combo, civil, religioso y militar, que pueda que no acabe su
periodo. Dice: “La represión como un resorte automático frente a las
demandas populares genera más resistencia de la gente, cayendo en un
círculo vicioso. No obstante, condenamos tajantemente todo tipo
de violencia venga de donde venga. Es necesario que las organizaciones
sociales, la sociedad civil y todos los sectores que expresan su
malestar por la imposición de las industrias extractivas se manifiesten
de forma democrática, organizada y pacífica. Ni un muerto más, ni
civiles ni personal policial. ¡Ni un muerto más! Hago un llamado a
defender la vida con la vida, no con la muerte.”
Y la Coordinadora de Derechos Humanos el mismo lunes 4 de junio ha
pedido la renuncia del Premier Valdés. Si los jóvenes tomaran conciencia
de su poder, esto podría devenir en marchas de renuncia del Presidente
de parte de organizaciones crecientes de la población afectada no solo
por la minería sino por el engaño electoral del 2011. Mientras tanto
faltan cuatro años de gobierno.
*Oscar Ugarteche, economista
peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM, México. Es presidente de ALAI y coordinador del Observatorio
Económico de América Latina (OBELA)
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