Por Luis Alberto salgado
A
fines de los 90, con la extendida y soberbia corrupción del régimen
fujimorista, el Perú exhibía los estertores de una nación en extinción.
Pero el país mayoritario reaccionó, hizo retroceder a esa lacra, y,
aparentemente, revirtió la debacle definitiva.
Pero
doce años después, malas señales anuncian que esa corriente tóxica de
corrupción sólo se ocultó por un tiempo. Se camufló convenientemente en
partidos políticos, en instituciones y poderes del Estado, y en cierta
prensa nacional.
Por
ello, preocupa a muchos comprobar cómo casi todas las denuncias e
investigaciones por fuertes indicios de corrupción del gobierno anterior
han sido archivadas o paralizadas y no se ve voluntad de procesar a
nadie ni en la fiscalía ni en el poder judicial. ¿Preludio de desahucio
moral?.
Ha
sido indignante escuchar ese audio en el cual Aurelio Pastor trata de
convencer a la alcaldesa de Tocache que le pague 50,000 soles para que
ella pueda ser restituida a su puesto, utilizando para ello sus “contactos”
en el JNE y en la Corte Suprema. Pastor es ex-ministro de Justicia de
Alan García, ex-congresista del PAP, y es miembro de la “dirección
política” del PAP, impuesto allí por arreglo - con lista única - entre
el mismo García y Jorge del Castillo en el último congreso partidario de
marzo 2010.
Fue durante la gestión de Pastor en el despacho de Justicia que se produjo el “indulto humanitario” de
José E. Crousillat, que tuvo todos los visos de un acto de corrupción.
Debió investigarse y sancionarse a los responsables, pero transcurridos 3
años de ese indulto fraudulento, nada ocurrió.
El
ciudadano común puede preguntarse: ¿el comportamiento de Pastor es
excepción, o es práctica cotidiana de quienes llegan al poder para
utilizarlo indebidamente en beneficio propio, pero que sólo tuvo la
“mala suerte” de ser grabado por quien se sintió acosada y decidió
denunciar?
El
gobierno de Ollanta Humala debe investigar, en serio, los más de 4,000
indultos y conmutaciones de penas dados durante la gestión de AGP.
¿Cuántos narcotraficantes, jefes de bandas de secuestradores y
delincuentes de alto vuelo fueron los beneficiados?. Sólo una decisión
al más alto nivel del Estado responderá esta pregunta legítima que se
hace la ciudadanía por la salud moral de la república. Pero tenemos
dudas si el gobierno de Humala tomará esta decisión, considerando su
ejecutoria de 16 meses….serias dudas. Y si no, miremos esa
“megacomisión” congresal.
En
lo personal, no puedo abstraer la condición de “dirigente aprista” de
A. Pastor. Casos como éste demuestran que algunos se equivocaron de
lugar. Esto confirma la grave crisis del APRA y la causa de su debacle,
cuyo principal responsable es Alan García, pues bajo su conducción en el
PAP - y por extensión en el Estado - se fue generando una atmósfera
permisiva que ha hecho posible que casos como el de Pastor no sean la
excepción. Hay, pues, una corresponsabilidad política grave de quienes
hoy suspenden a AP en su “cargo” partidario y aparentan rasgarse
vestiduras ante ese audio vergonzante.
El
verdadero aprista sabe que no se llega al Estado para enriquecerse, ni
encubre a corruptos, ni queda impasible frente a quienes cometen actos
que golpean fuertemente la imagen del APRA. Dependerá de la decisión de
esos apristas, que no venden ni alquilan sus conciencias, por más
poderoso que parezca quien está al frente.
Y
en cuanto al país, nuevamente la corrupción y la impunidad comienzan a
gangrenarlo. El Perú está en alerta roja. Y no hay, en absoluto,
exageración alguna. El congreso, el poder ejecutivo, el poder judicial,
el ministerio público, el tribunal constitucional, y el JNE no son hoy,
para los ciudadanos, garantía alguna de ética ni transparencia; y esas
instituciones y poderes se supone que son la columna vertebral del
Estado peruano. Si ellas no funcionan o se corrompen, el país se hunde
irremisiblemente.
El Perú debe reaccionar.
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