Ollanta Humala: la continuidad de la “modernización” neocolonial

Por Félix Jiménez*

El paquete «reactivador», aprobado por el Congreso el jueves 3 de julio, contiene medidas que debilitan la institucionalidad y los mecanismos de fiscalización ambiental y erosionan los efectos disuasivos de las sanciones a infracciones ambientales. Se establece un plazo de 45 días para la emisión de opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); se reduce las multas ambientales a 50% durante tres años; se debilita el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); pierde importancia el Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SENACE); y, se menoscaban las funciones del Ministerio del Ambiente al pasar al Consejo de Ministros la decisión sobre la creación de áreas reservadas y la fijación de los estándares de calidad ambiental. No hay que olvidar, además, que este gobierno no implementa la ley de consulta previa que aprobó el año 2011.

La continuidad de la «modernización» neocolonial

El Decreto Supremo N° 060-2013-PCM ya reducía los plazos de los procedimientos para ejecutar proyectos de inversión con «mayor celeridad y menores costos». Esta vez se va más allá: se debilita la institucionalidad de la protección ambiental y la propia capacidad sancionadora del gobierno frente a corporaciones privadas que infringen los estándares ambientales. El objetivo es el mismo: impulsar las inversiones. Los directos beneficiarios de estas medidas son los grandes inversionistas transnacionales que operan en los sectores minería y de hidrocarburos. La concepción de modernización y crecimiento económico del gobierno de Humala se basa en este tipo de inversiones.

Siguiendo a Alan García –propulsor de esta «modernización» neocolonial–, el gobierno de Humala reduce los estándares laborales y ambientales, y debilita las instituciones encargadas de su regulación, para aumentar la inversión en la extracción de recursos naturales y, de este modo, enfrentar la actual desaceleración en la tasa de crecimiento del PBI. No le importa el costo socio-ambiental de sus medidas; le importa más satisfacer a los grupos de poder económico que usufructúan de la renta que les proporciona la explotación de nuestros recursos naturales. Su apuesta por el crecimiento económico impulsado por las grandes inversiones mineras y de hidrocarburos, facilitadas además por concesiones con poca o ninguna fiscalización, es la expresión de su ideología neocolonial que subordina los intereses nacionales y los derechos de las poblaciones nativas, a los intereses del capital transnacional.

No se busca desarrollar la minería con altos estándares ambientales y laborales, con industrialización de los recursos minerales, con transferencia de tecnología, y con impuestos que compensen el agotamiento de los recursos para no perjudicar a las generaciones futuras de país. Esta sería una ruta democrática y soberana. Por el contrario, el gobierno de Humala ha optado por una acumulación de capital de tipo neocolonial que orienta la inversión privada hacia áreas de complementación económica transnacional, sin progreso tecnológico y con un modelo exportador basado en el «cholo barato», en el desmantelamiento de los estándares laborales y ambientales, y en contratos de estabilidad tributaria que le restan soberanía al Estado.

Extractivismo político y económico 

En consonancia con su ideología neocolonial, el gobierno de Humala fomenta la expansión de instituciones económicas extractivistas (que extraen ingresos y riqueza de una parte de la sociedad en beneficio de las élites económicas). Estas instituciones practican la fácil obtención de rentas, pero no lo redistribuyen. Son instituciones que no fomentan la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, la creación de actividades productivas manufactureras, la expansión de fábricas industriales, ni menos la mejora de las condiciones de vida y el aumento de los salarios de los trabajadores. Los productores de materias primas son cada vez más ricos, pero esta «riqueza caída del cielo ha hecho muy poco para crear un economía moderna diversificada». Por lo tanto, el tipo de crecimiento y modernización que impulsa este gobierno no puede ser inclusivo. «Las instituciones económicas inclusivas –dicen Acemoglu y Robinson– fomentan la actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad económica».

Tampoco se desarrollan instituciones políticas inclusivas. No hay mecanismos que faciliten el control de los políticos y que le permitan a los ciudadanos influir en su comportamiento. No se innova la manera de hacer política, no se distribuye el poder, no hay límites reales al ejercicio de este poder, ni se fortalece la democracia. Por eso el gobierno de Humala no puede ser concebido como el agente de los ciudadanos que lo eligieron para defender sus derechos individuales y colectivos. «Las instituciones políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson– permiten que la élites económicas controlen el poder político para elegir instituciones económicas con menos limitaciones o fuerzas que se opongan». El ejemplo de este tipo de control, es precisamente el paquete «reactivador».

A modo de conclusión
«Con instituciones políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson– quienes ejercen el poder son capaces de establecer instituciones económicas para enriquecerse y aumentar su poder a costa de la sociedad».

*Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP